La Comisión Seccional de Disciplina Judicial, con ponencia del presidente de la corporación, Julio Andrés Sampedro Arrubla, confirmó la terminación de la investigación disciplinaria contra un abogado en Huila, tras confirmar que una de las pruebas presentadas por el que interpuso la queja se obtuvo de forma ilegal, al vulnerar un derecho fundamental del disciplinado.

La corporación determinó que la grabación de una conversación telefónica entre el abogado disciplinado y uno de los quejosos, se obtuvo de manera irregular porque no fue autorizada por él ni por ninguna autoridad judicial.

La máxima autoridad disciplinaria de los abogados en el ejercicio de la profesión concluyó que lo aportado por los quejosos se configura como una prueba ilícita y por ello se debe excluir del proceso.

“Cuando la grabación de una llamada telefónica se origine en circunstancias que involucran la esfera privada de una persona, para el caso que nos ocupa, un abogado, en la intimidad de una conversación y no en un escenario público, como una audiencia, dicha grabación sea tomada sin consentimiento del abogado, y sin orden de autoridad competente, y ésta sea divulgada o aportada a un proceso judicial sin constatación sobre la legitimidad de su origen, se estará ante una prueba ilícita, que transgrede garantías fundamentales del investigado”, indica la providencia.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que la conversación aportada no contó con el control previo y posterior de la misma, hecho que impedía otorgarle un valor a la prueba que se obtuvo tras vulnerar el derecho a la intimidad del disciplinado.